Una vez Panamá cuente con una ley marco que cree un Sistema de Protección Integral de niñez y adolescencia se podrá establecer responsabilidades y roles dentro de las diferentes instituciones, lo que permitirá, a través de una verdadera articulación intersectorial, la protección y restitución de los derechos de esta población en particular.
Así lo dio a conocer la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, durante su participación en el Segundo Congreso Científico contra la Violencia y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes; y donde expuso los principales lineamientos del proyecto de ley 567, que se aprobó en primer debate en la Asamblea Nacional, y que define el diseño para poner en marcha este sistema de protección.
En el encuentro —organizado por el Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes— la ministra Castillo dijo que la línea de acción que se elabore permitirá garantizar en esta población infantil y juvenil tener derecho a una atención médica directa y de calidad, así como a controles de salud periódicos y eficientes, y a vacunaciones contra enfermedades.
Del mismo modo, adujo que este sistema se aplicará sin exclusión ni discriminación alguna, en condiciones de igualdad, a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio panameño y también para todos los panameños que estén en el extranjero.
Reconocimiento de derechos, las debidas protecciones universal, social, administrativa y judicial especializada son las bases en que sentará este sistema de protección integral que se impulsa en Panamá para los niños /as y jóvenes.
Cuando sea aprobado el mencionado sistema, dijo por otro lado la ministra Castillo, los principales desafíos que se tendrán que atender es crear una Política de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia que genere operatividad a la ley, además de que se establezcan lineamientos y estrategias concretas que deberán ser desarrolladas por medio de planes nacionales y sectoriales.
También mencionó que otro de los desafíos es lograr la articulación interinstitucional que garantice la ejecución y el seguimiento apropiado de los diferentes planes y programas, así como mejorar la inversión destinada a la protección de la niñez y la adolescencia; y reducir las brechas de inequidad por razones geográficas, económicas, étnicas y sociales.
En su exposición la jefa del Ministerio de Desarrollo Social reconoció la gran deuda que se tiene con la niñez y adolescencia del país, por lo que reiteró el firme compromiso del actual gobierno de mejorarles su calidad de vida y asegurarles el cumplimiento de sus derechos.