Ante la Defensoría del Pueblo podrá recurrir cualquiera persona natural o jurídica, nacional o extranjero. La minoría de edad, la incapacidad, el internamiento en centros penitenciarios o psiquiátricos, situaciones de dependencia o sujeción a la administración pública o a los órganos del Estado, no serán impedimento para acudir a la Defensoría del Pueblo. A su vez, no podrán recurrir a la institución los titulares responsables de los organismos del Estado por asuntos de su competencia. Cualquier persona, en forma gratuita puede presentar a la Defensoría una queja o petición ante situaciones que vulneren sus derechos constitucionales, por incumplimiento de los deberes de las entidades estatales o en caso de irregularidades de las entidades que presten servicios públicos.